¿Quién debe ser deportado? El sheriff de Sarasota quiere claridad de parte del ICE

BY SHERIFF THOMAS M. KNIGHT

Especial para el Herald

Como resultado de los recientes cambios en Washington, la reforma migratoria se ha convertido en un importante tema de preocupación para muchos estadounidenses. Los cambios en la dirección y la falta de claridad del gobierno federal parecen abrir una puerta giratoria para las agencias locales de aplicación de la ley que simplemente tratan de mantener a sus propias comunidades seguras y aisladas del crimen violento. Las consecuencias de esta cuestión de la inmigración y la deportación han causado frustración, confusión, y han dejado demasiadas preguntas sin responder. Después de haber trabajado en la aplicación de la ley durante casi tres décadas, he esperado y observado cómo el gobierno federal ha cambiado, enmendado, vuelto a declarar, reinstituido y eliminado completamente la legislación relacionada con la deportación de criminales extranjeros ilegales. No ha habido absolutamente ninguna coherencia, y hablo desde un lugar de experiencia.

Usted puede recordar el reciente incidente de rabia en la carretera que ocurrió en enero, en el cual un extranjero ilegal de 24 años entró en una disputa con otro conductor en la intersección de River Road y Tamiami Trail en North Port. Una vez que ambos vehículos fueron detenidos, la persona de 24 años salió de su coche y comenzó a golpear al otro conductor en un ataque de rabia. El conductor, al ser golpeado, no tuvo más remedio que disparar en defensa propia.

El joven de 24 años es un salvadoreño llamado Carlos Echeverría-Pena. Primero fue arrestado en 2013 por agentes de la patrulla fronteriza en Brownsville, Texas, donde fue encontrado ingresando ilegalmente a Estados Unidos desde México. Agentes del ICE se hicieron cargo de Echeverría-Pena y decidieron no devolverlo a México. En cambio, lo trasladaron a Baltimore, Maryland, donde afirmó tener familia y se le dio amnistía. Echeverría-Pena continuaría su comportamiento criminal y sería arrestado dos veces más, incluyendo una vez por asalto.

Luego de la detención de Echeverría-Pena en el condado de Sarasota, nos enteramos de parte de los funcionarios del ICE de que él no calificó para la deportación debido a"discreción fiscal." Nos dijeron que su estado, sin embargo, sería revisado durante una audiencia de inmigración programada para 2019. El amplio uso del término discreción fiscal es preocupante en el mejor de los casos y, según entiendo, permite al gobierno, en lugar de a nuestras propias comunidades, determinar qué extranjeros ilegales son priorizados para su deportación. En su forma más simple, la discreción fiscal permite que ICE componga las reglas sobre la marcha. Pero esta no es la primera vez que las guías federales han sido tan claras como el lodo.

Fue en 2005 cuando conocimos a Ramiro Villanueva, de 22 años de edad, quien migró a los Estados Unidos para trabajar como cocinero, vendedor y trabajador de construcción. Aparte de unas pocas multas de tráfico por no tener una licencia de conducir válida, Villanueva vivió una vida tranquila en el Condado de Sarasota. En 2008, mientras conducía a casa del trabajo, fue arrestado por no tener una identificación válida. Al entrar en nuestra cárcel, fue recogido por ICE unas cortas 72 horas después y deportado a México.

Cualquier persona razonable estaría de acuerdo en que las acciones de estos dos hombres no son comparables y de las dos, se debe haber prestado mayor atención a las acciones del señor Echeverría-Pena. Este es sólo un ejemplo de fracaso en el nivel federal para proporcionar una política clara y consistente, que sólo envía mensajes contradictorios y hace que sea difícil para la policía local establecer o satisfacer las expectativas.

Como funcionario policial que, como muchos otros, toma la dirección del gobierno federal, pido claridad; Es tan simple como eso. Defina quién calificará para la deportación, qué leyes serán usadas para detener a estas personas dentro de nuestras cárceles y quién será la agencia federal responsable de asegurar que estas leyes se apliquen consistentemente en todo el país. No puedo dejar de preocuparme mientras el gobierno federal nos hace jugar este juego de espera con respecto a quién debe quedarse y quién debe irse.

Como administrador fiscalmente conservador y contribuyente, tengo serias preocupaciones. ¿El gobierno federal estará pidiendo a los funcionarios locales que reúnan a algunos o todos los extranjeros ilegales para el ICE? Si son sólo algunos, ¿quiénes? Si son arrestados y transferidos, ¿la práctica continúa de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia seguirá utilizando la discreción fiscal como medio para rechazar la deportación? ¿Se deportará a las personas respetuosas de la ley que trabajan en nuestras empresas locales? Y, finalmente, ¿cuánto nos costará esto a nivel local?

La política no puede seguir dominando este tema, porque la única manera de reformar es a través de la colaboración. Si los legisladores siguen utilizando esto como un punto de vista político, todos vamos a perder. Los legisladores deben estar preguntandose lo que el pueblo estadounidense quiere y centrándose en nuestros valores compartidos. No será una tarea sencilla, pero ahora es el momento de superar nuestras diferencias y hacer lo correcto para cada comunidad en América.

El Sheriff Tom Knight es el Sheriff del Condado de Sarasota. El director de asuntos de la comunidad puede ser contactado al 941-861-4927.

FUENTE: http://www.bradenton.com/opinion/editorials/article140055078.html

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